Estado de Derecho y Justicia Criminal – Índice del Estado de Derecho (IED) del World Justice Project (WJP) mediciones para Guatemala de 2012 – 2021
Guatemala, 27 de mayo de 2022. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos – IDD y el tema del mes Estado de Derecho y Justicia Criminal.
En cuanto al tema del mes, estuvo a cargo del investigador del CIEN David Casasola, quien compartió que “hay varias definiciones para el término “Estado de Derecho”, pero la mayoría concuerdan en que la existencia de éste se asocia a la creación de un entorno favorable para los habitantes de un país. Brinda garantías para normar el proceso a través del cual se penaliza si no se cumplen las reglas. Por otra parte, permite crear condiciones que mejoran el nivel de vida de la población, a través de un gobierno que provee bienes y servicios de calidad”.
“En el año 2012 el World Justice Project (WJP)” continuó Casasola “instituyó el Índice del Estado de Derecho (IED) que contempla un análisis de ocho factores y 44 subfactores (cada factor y subfactor se mide a través de una escala de números decimales entre cero y uno, siendo 1 la nota que evidencia un Estado de Derecho más fuerte y 0 la que muestra uno más débil). El IED realiza una muestra representativa de la población a mil personas y también a expertos en distintas ramas del derecho en cada país. El resultado para Guatemala en 2012 fue 0.46 y para 2021 fue 0.44. Esto ubica al país como un lugar con un débil apego al Estado de Derecho, una condición que ha experimentado poca variabilidad a lo largo del tiempo” puntualizó Casasola, “ya que el componente mejor calificado fue Derechos Fundamentales con 0.53 para 2021 y el peor calificado fue Justicia Criminal, con 0.29”.
Los subfactores dentro de Justicia Criminal son: 1. efectividad de la investigación criminal, 2. proceso penal oportuno y eficaz, 3. los sistemas correccionales reducen el comportamiento criminal, 4. el sistema es imparcial, 5. libre de corrupción y 6. libre de influencias inapropiadas y 7. se respeta el debido proceso. “De éstos, el que obtuvo la peor calificación fue el tercer subfactor, que en 2021 tuvo una nota de 0.09, lo cual evidencia la percepción tan limitada que se tiene sobre la capacidad del Sistema Penitenciario para rehabilitar a las personas privadas de libertad” comentó Casasola.
Bajo recomendaciones, Casasola compartió que debe desarrollarse un sistema de indicadores locales para retroalimentar la toma de decisiones y poder brindar información oportuna a la sociedad civil y construir estadísticas que sirvan como insumo para alcanzar una justicia pronta y cumplida. Asimismo, lograr interconectar a las instituciones del sector en un sistema de información único y desarrollar nueva infraestructura carcelaria bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para fortalecer el Sistema Penitenciario.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
