Guatemala, 25 de enero de 2023. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos – IDD y Seguridad Ciudadana, Acciones Clave para el 2023.
El día de hoy se compartió un resumen de la situación de la seguridad ciudadana durante el 2022, los desafíos que se avizoran para el año 2023 y las acciones clave a implementar en el último año de la actual administración. El análisis se centró en la Policía Nacional Civil – PNC, el Sistema Penitenciario – SP y la eficiencia en las instituciones del sector de seguridad y justicia. Respecto a la PNC, Francisco Quezada, investigador del CIEN, resaltó que “a diciembre 2022 se contaba con una tasa de 23.4 policías por cada 10 mil habitantes (40,647 agentes), notablemente mayor a la tasa de 14.7 en el año 2007 pero aún debajo de la tasa de 2017 (24.5). Durante el presente año, debe trazarse una estrategia para alcanzar un número óptimo de agentes, para lo cual deben alinearse las estrategias de formación inicial y reclutamiento” y añadió que “también, es importante diseñar un nuevo modelo educativo y pedagógico para la formación inicial, para contar con un cambio sustancial en el perfil de los agentes graduandos de la Academia”.
En cuanto al SP, la investigadora del CIEN Corinne Dedik compartió que “hay grandes retos en el SP debido a la poca atención que se le ha prestado durante décadas y para mejorar las condiciones de reclusión y su funcionamiento, se deben tomar acciones para iniciar con el deshacinamiento de las cárceles, fortalecer el recurso humano y priorizar un ambiente orientado a la rehabilitación de las personas. En diciembre de 2022 la población privada de libertad era de 24,188 personas y con ello se alcanzó una tasa de ocupación del 354%”. Resaltó también la importancia de dar seguimiento a la licitación para el nuevo centro carcelario para tres mil personas que se realizó recientemente e implementar la Ley del Control Telemático, la cual se estima podría beneficiar a cerca de dos mil personas en prisión preventiva.
Sobre la eficiencia de las instituciones del sector de seguridad y justicia, David Casasola, investigador del CIEN, informó que “la metodología del Flujograma de la Justicia Criminal, además de mapear procesos mide las cargas de trabajo recibidas, atendidas y pendientes de atender. Estas cargas se utilizan para elaborar los indicadores que cuantifican la eficiencia, siendo el Ministerio Público y el Organismo Judicial las instituciones que influyen directamente en la eficiencia global del sistema. El desempeño del resto de las instituciones contribuye a que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor celeridad. En 2022 la eficiencia del MP se situó en 77%, la del OJ en 21%, la de las investigaciones 19%, el INACIF en 94%; y, el IDPP en 67%. Para lograr una mejora sostenida en el desempeño del sector justicia” comentó Casasola, “es necesario identificar estrategias para eliminar cuellos de botella de manera permanente y evitar trasladarlos de una institución a otra. Para ello, es necesario crear un tablero de indicadores estratégicos que sea compartido entre todas las instituciones, para que en la toma de decisiones estratégicas y operativas se considere el impacto que generará sobre el funcionamiento del resto”.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
