Guatemala, 28 de noviembre de 2018. La Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con su brazo técnico, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales- CIEN, presentaron un estudio sobre el tema de la prisión preventiva y cómo impacta en el sistema de la justicia criminal.
El estudio es parte de una serie de investigaciones que comenzaron en el 2010 como parte del proyecto Mejoremos Guate y desde el 2014 como parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana. Dichos estudios permiten recopilar datos e información que dan lugar a un análisis profundo para analizar cuellos de botella en el sistema y en base a ello proponer políticas públicas que tengan impacto y efectividad para mejorar las condiciones actuales del Sistema de Justicia en Guatemala.
“Hace 10 años en Guatemala había 8,615 privados de libertad en Guatemala, de los cuales 34% se encontraban en prisión preventiva. Actualmente, la población reclusa total creció 190% para llegar a 24,400 personas de las cuales casi la mitad, un 48% está en prisión preventiva” compartió Walter Menchú, experto en datos y analista del CIEN. “Cabe notar que la cantidad de personas en prisión preventiva ha aumentado 300% en los últimos años y la mitad de las personas dentro de este grupo han recibido esta medida debido a que los delitos por los cuales enfrentan proceso, no tienen medida sustitutiva según el artículo 264 del Código Procesal Penal.”
El estudio indica que desde el año 2010 hasta septiembre de 2018, aproximadamente al 31% de las personas que comparecen a audiencia de primera declaración ha recibido prisión preventiva. La experta, Corinne Dedik, comentó al respecto que “es preocupante que de todas las personas que se encuentran en prisión preventiva, el 41% de ellos lleva más de 2 años en esta situación. Asimismo, el aumento en la cantidad de personas que entran al sistema de la justicia criminal para enfrentar audiencia de primera declaración causa saturación en los juzgados y alarga los procesos penales. Esto provoca figuras sin base legal como la prisión provisional, la cual causa un desafío nuevo para el Sistema Penitenciario porque esa categoría de reclusos no está reconocida dentro de su marco legal y se enfrentan al desafío de dónde recluir a este grupo de personas físicamente”.
También, Dedik resaltó que este fenómeno aumenta los cuellos de botella como las deficiencias en infraestructura que permiten que actualmente haya 2,985 personas que ya cuentan con condena, cumpliéndola en cárceles de prisión preventiva y 1,653 personas recluidas bajo prisión preventiva dentro de cárceles de cumplimiento de condena. A esto se suma el reto que los procesados esperan en prisión preventiva hasta dos años y medio y se enfrentan a procesos con atrasos considerables.
En conclusión, los investigadores indican que la prisión provisional debe ser de carácter excepcional y se deben mejorar las condiciones para implementar medidas sustitutivas, como el uso de dispositivos telemáticos. En cuanto al marco legal, el estudio recomienda analizar reformas para limitar la duración y la prórroga de la prisión preventiva, así como eliminar el catálogo de delitos. En cuanto a la carga que enfrenta el sistema judicial con el aumento de casos por atender, se recomienda aumentar la capacidad del sistema y evaluar cambios necesarios para los casos de mayor riesgo. Es imperante contemplar la instalación de carceletas dignas destinadas específicamente a prisión provisional y atender el reto de ampliar la infraestructura penitenciaria con procesos de planificación más eficientes y considerar su administración bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para garantizar mejores condiciones y trato humano a las personas recluidas en los centros carcelarios.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 2331-1564.
