Guatemala, 26 de febrero de 2020. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN presentó las Prioridades de los Primeros 180 Días de la nueva Administración, contrastando la Política General de Gobierno 2020-2024 (PGG) y las recomendaciones de la Ruta para el Desarrollo de Guatemala, proyecto de este centro de investigación entregado a los distintos partidos políticos durante el año electoral para incluir en sus planes de Gobierno.
Jorge Lavarreda, director del área Social del CIEN compartió que, “si se desean resultados positivos para mejorar en Salud, se debe implementar un abordaje más allá de sólo fortalecer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.” Explicó que, más que satisfacer al personal (cliente interno), es buscar apoyar a la población (cliente externo) más vulnerable, con estrategias de atención centradas en el primer nivel de atención, donde hay que buscar cerrar la brecha de más de 4,000 puestos de salud en todo el país. Además, cambiar la dinámica tradicional de pugna entre el ministro de turno y el sindicato, para lograr blindar financieramente a la institución y asegurar un mejor funcionamiento y ejecución presupuestaria.”
En Educación, Verónica Spross de Rivera, investigadora asociada del CIEN, enfatizó que se cuenta con bajos indicadores de cobertura, eficiencia y calidad. “No está garantizada la contratación de los mejores docentes y en cuanto a la gestión, debería existir la carrera de director y aunque el presupuesto se ha multiplicado 2.4 en la última década, no se traduce en mayor calidad educativa por lo que se recomienda que las nuevas autoridades establezcan un nuevo sistema de reclutamiento de docentes y a la par, una estrategia de apoyo a los padres para lograr mayor efectividad y transparencia en inversión de recursos.”
El objetivo en común en Economía es generar empleo formal. David Casasola, investigador del CIEN opina que “de todas las acciones contempladas en el pilar «economía, competitividad y prosperidad» del PGG, es importante priorizar la implementación de políticas económicas verticales para potenciar el desarrollo de actividades económicas intensivas en la generación de empleo y con la capacidad de atender mercados internacionales. En donde el salario mínimo, la política comercial, fiscal, monetaria, el aprovisionamiento de infraestructura, la atracción de inversión y las políticas de educación y capacitación, se orienten hacia la reducción de costos de operación de empresas con el potencial de generar mayor cantidad de empleo.”
“Cabe resaltar que, en Seguridad Ciudadana, los planes son similares” comentó María del Carmen Aceña, directora de esta área, “aunque, debe enfatizarse políticas de prevención (evaluar la UPCV y priorizar el segundo nivel de prevención en poblaciones vulnerables) y mejorar la coordinación interinstitucional. También, establecer presupuestos individuales basados en metas y premiar el mérito en nuevas contrataciones en la PNC. En el Sistema Penitenciario, ampliar la infraestructura e implementar acciones concretas para evitar que los reclusos continúen delinquiendo, pues ello aumenta la percepción ciudadana de inseguridad por delitos como las extorsiones, al cual debe ponerse especial atención.”
María Isabel Bonilla presentó Gestión Pública, donde indicó que, “la inercia del trabajo del Estado nos lleva a gastar en funcionamiento, en vez de inversión y nos ahoga una expansión constante de la masa salarial debido a presiones políticas. Si queremos mejorar, hay que realizar ajustes presupuestarios para optimizar eficiencia y calidad del gasto público y efectuar una revisión de la normativa del sistema nacional de adquisiciones. El tema de la Contraloría es el menos desarrollado en el PGG, pero se recomienda crear un manual de criterios interpretativos para mejorar la objetividad y transparencia, criterios que debieran aplicarse también al Servicio Civil, donde hace falta fortalecer a la ONSEC y crear perfiles de puesto como requisito previo para contratación. No sólo es el censo de empleados públicos lo que necesitamos” explicó Bonilla, “sino un registro actualizado permanentemente para frenar el abuso en el uso de los diferentes renglones presupuestarios, aparte de revisar los pactos colectivos para asegurar que los compromisos financieros cuenten con el respaldo legal y presupuestario necesario.”
