Guatemala, 8 de diciembre de 2020. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, a través del Observatorio #COVID19GT, actualizó la información sobre cómo se han ejecutado los fondos destinados a combatir la pandemia del COVID-19 en Guatemala. El Observatorio monitorea la ejecución de los recursos públicos con el apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional- CIPE. Su fin es transparentar el gasto público específico para aliviar el impacto COVID-19 en el país.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN y encargado del Observatorio #COVID19GT comentó que “al 30 de noviembre 2020, se presupuestaron Q15,360.4 millones de recursos y se cerró el mes con una ejecución del 80.6%. De estos fondos, el 95.1% representa los Q14,610 millones asignados para combatir la pandemia, establecidos en los Decretos 12, 13 y 20-2020. A fines de noviembre, se había ejecutado el 82.0% en las categorías de Apoyo a personas, Apoyo a empresas, Servicios de salud, e Infraestructura”.
La categoría que más avanzó con la ejecución del dinero asignado fue la de Apoyo a personas, con 92.4%, ayudado por el Programa Bono Familia que alcanzó una ejecución del 99.7% y debido a que se trasladó el 100% del subsidio de la energía eléctrica al INDE. “Sin embargo” recalcó Lavarreda, “el Programa de Agricultura Campesina que contempla sistemas de mini-riego para huertos familiares lleva una ejecución de 0% y el Programa de Dotación Alimentaria lleva sólo un tercio ejecutado.”
En Apoyo a empresas se alcanzó 78.5% de ejecución, pues en noviembre se incluyó las transferencias realizadas al Crédito Hipotecario Nacional – CHN para tres Fondos: de Protección de Capitales, Crédito de Capital de Trabajo y Protección al Empleo, aunque resalta que no se han ejecutado los Q400 millones del Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
“Servicios de salud concentra 44.8% de su presupuesto en útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico, 31.4% en elementos y compuestos químicos y 23.1% en mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio. En total, esta categoría ejecutó 51% de los recursos al 30 de noviembre” explicó Lavarreda.
La categoría con la ejecución más baja de su presupuesto es Infraestructura, donde se ha avanzado 0% en los cinco proyectos del Ministerio de Salud planeados en los departamentos de Quiché, Santa Rosa y Huehuetenango. Además, se alcanzó solamente 27.8% de ejecución en los proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, si bien, hubo avances en las adquisiciones del programa de remodelación e infraestructura, con un préstamo del Banco Mundial.
Al finalizar la presentación, Lavarreda comentó que “sí es posible dar seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a combatir la pandemia, aunque es necesario tener conocimiento técnico de la manera en que el Estado reporta estos gastos. Además, en el caso de los programas que hacen transferencias o anticipos a otras entidades, es necesario que quienes reciben los fondos brinden información adicional, para determinar cómo se invierten los recursos o la entrega y prestación de los servicios”. Además, recomendó que las instituciones responsables de los distintos programas COVID-19 deben hacer, en enero 2021, un ejercicio público de rendición de cuentas, no solamente brindar información financiera, sino un análisis de los resultados logrados en comparación con los resultados esperados. “Es importante que se conozca quiénes son los beneficiarios y que la Contraloría General de Cuentas haga público los informes de las auditorías realizadas a los programas, así como promover espacios de auditoría social para responder a la importante demanda ciudadana sobre ¿dónde está el dinero?” concluyó el experto.
