Guatemala, 19 de noviembre de 2020. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA, presentaron el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) que monitorea las denuncias de nueve delitos, así como el tema del mes Radiografía de la Conflictividad en Guatemala.
El investigador del CIEN Walter Menchú comentó que “luego de observar por varios meses una baja en el IDD, en octubre el comportamiento fue contrario y subió 0.6%, lo cual indica que las tasas de las denuncias de los delitos incrementaron, ya que ambos sub índices – contra la propiedad y contra las personas – subieron 0.4% y 0.8% respectivamente. Los homicidios se sitúan sobre los 200 mensuales, para un total de 234. Sin embargo, la tasa interanual se mantiene a la baja, situándose en 15.7 por cada 100 mil habitantes lo cual son buenas noticias”. En cuanto al análisis geográfico de la ocurrencia de este delito, Menchú indicó que “Izabal, Sololá y Huehuetenango muestran comportamientos diferentes al resto de departamentos, pues han incrementado la cantidad de homicidios, mientras que los departamentos que más lo han reducido son Escuintla y Guatemala. Cabe notar que en junio, agosto y octubre se registraron las cifras más altas de homicidios mensuales en el departamento de Izabal, donde los municipios de Puerto Barrios y Morales concentran dos tercios del total. Además, ocho municipios a nivel nacional aumentaron 45% los homicidios, por lo que se recomienda a las autoridades desarrollar estrategias de combate a este flagelo en Nueva Concepción, Masagua, La Democracia (Escuintla), San Luis, Barberena, Cuilapa, La Democracia (Huehuetenango) y Chiquimula. Asimismo, en la ciudad capital, se necesita poner especial atención, pues la cantidad de homicidios lentamente regresa a niveles de inicio de año (40 para octubre)”.
El tema del mes, Radiografía de la Conflictividad en Guatemala, fue presentado por Alejandro Quinteros, investigador del CIEN, quien indicó que “es importante comprender la diferencia entre conflicto, que es una lucha o enfrentamiento que implica desacuerdo y disputa entre dos o más partes por alguna cuestión o problema común y conflictividad, que es el tiempo, situación o circunstancia propicia para que se origine un conflicto”. También, indicó que “no todo conflicto ni conflictividad termina en una situación violenta, pero dependiendo de varios factores, pueden concluir en acciones que constituyen delito”. Estos podrían catalogarse dentro de los delitos contra la vida y el patrimonio, el orden público y la tranquilidad social y otros, que impidan una resolución pacífica del conflicto. “En el análisis, encontramos desafíos en temas de información” comentó Quinteros, ya que en el presente año se acordó la liquidación de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que tuvieron relación directa con estos temas y por ello la información no se encuentra disponible con facilidad. Por lo tanto, para el análisis se utilizó información oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), que entregó información sobre manifestaciones y bloqueos entre 2012 y julio de 2020. El investigador añadió que “en relación con conflictos, PNC lleva registros en dos categorías, manifestaciones (6,906) y bloqueos (1,977) y de eso, 38.3% se concentra en el departamento de Guatemala”. Más de 75% de manifestaciones se concentra en 9 departamentos, mientras que los bloqueos están distribuidos geográficamente más uniforme y más de 75% se concentra en 7 departamentos.
“En conclusión” añadió Quinteros, “es crucial monitorear la conflictividad constantemente y contar con procesos y procedimientos estándar en la PNC y Ministerio de Gobernación, además de sistemas que permitan manejar la información de forma más exacta, confiable y rápida. Todo esto especialmente para generar alertas tempranas con base en datos que reflejen la realidad”. También indicó que “es importante que se puedan prevenir los conflictos o resolverlos de forma pacífica, evitando que escalen hacia acciones delictivas”. Finalizó señalando que por parte de las autoridades “es necesario mantener informada a la ciudadanía para poder involucrarla en los procesos de prevención y resolución pacífica de conflictos”.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
