Guatemala, 24 de octubre de 2019. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIEN, presentaron el seguimiento mensual a las tasas interanuales de las denuncias de nueve delitos, junto con un análisis sobre Certeza Jurídica y Seguridad Ciudadana en Guatemala.
El IDD a septiembre muestra una reducción del 0.9% en las denuncias, resaltando que bajaron las denuncias por extorsiones de 1,457 a 1,444, a pesar de lo cual sigue siendo un número alto. Walter Menchú, analista del CIEN comentó que “este mes es positivo que la cantidad de homicidios se mantiene debajo de 300 y la tasa de homicidios muestra una tendencia hacia la baja. A nivel nacional, Chimaltenango, Quetzaltenango y Petén muestran reducciones importantes mientras que en Escuintla y Guatemala de enero a septiembre 2019 ha habido 78 homicidios más que en el mismo período del año anterior.” El experto enfatizó que la cantidad de homicidios en los primeros nueve meses del año, comparado con el 2018, arrojan 173 homicidios menos en todo el país, lo que equivale a una reducción del 6%. “Esto es un avance, aunque aún deben hacerse esfuerzos para que las instituciones se coordinen y focalicen planes para prevenir la violencia homicida, especialmente en algunos municipios de Escuintla en donde los homicidios han aumentado en los primeros nueve meses de 2019 comparado con el año anterior” concluyó Menchú.
David Casasola, investigador del CIEN presentó una radiografía general sobre la situación de los guatemaltecos comparando los ingresos laborales, su ocupación, los niveles de pobreza y desnutrición crónica y calidad educativa en las áreas rurales y urbanas. “Se encontró que, además que la inversión extranjera directa ha disminuido en relación al PIB (de 2.2 en 2014 a 1.1 en 2018) y en cantidad (de US$ 1,388.7 millones en el año 2014 a US$ 1,002.7 millones en 2018), las condiciones en el área rural siguen sin mejorar. Las brechas se mantienen a pesar de que el gasto público ha crecido. Se ha desviado el Presupuesto del Estado hacia gastos de funcionamiento y se observa que el modelo de Gestión Pública claramente no está dando los resultados deseados” afirmó Casasola y puntualizó “se firman pactos colectivos y se aumentan gastos de funcionamiento, pero no se traslada a una mejora de vida en la población, especialmente para el área rural. Esto resulta en un caldo de cultivo, donde hay poca presencia de servicios públicos y de la autoridad. Se trata de una espiral negativa que conduce a que la conflictividad no se resuelva y deriva o fomenta la criminalidad, volviéndose así un problema de seguridad nacional al cual se le debe poner extrema atención.”
Por su parte, Francisco Quezada, investigador del CIEN concluyó que “las pocas fuentes de trabajo que existen en el área rural, donde hay baja inversión pública, las provee el sector privado. Alrededor de las mismas, hay actores que se han especializado en ser mediadores entre las empresas y las comunidades, y se presentan ante ambos, muchas veces para poder sacarles ventaja. Aparte, hay algunos actores que se especializan en la conflictividad y es por ello que el modelo del mediador se convierte en un modelo de negocio.” Por lo tanto, para que los guatemaltecos puedan contar con servicios públicos de calidad y que cuenten con oportunidades a través de tener acceso a empleos productivos, se debe promover un modelo de desarrollo económico y social, en donde se modernicen las leyes que promuevan el fortalecimiento institucional y se mejore la calidad de la inversión social. “Con los recursos que actualmente se tienen, se debe priorizar áreas de mejora en los índices de desnutrición, calidad educativa y pobreza, así como herramientas para las instituciones del Estado que les permitan evitar la generación de nuevos conflictos. Además, es crucial contar con reglas claras que brinden certeza jurídica. Por ello, se recomienda retomar el tema del reglamento del Convenio 169 de la OIT y revisar otras normativas que actualmente no fomentan el actuar del Estado en favor de detener el fenómeno de la conflictividad, como la instrucción 03-2012 del Ministerio Público. Es urgente que las fuerzas de seguridad y defensa del país se coordinen y trabajen en conjunto con las instituciones del sector justicia” concluyó Quezada, “ya que la falta de reglas claras y el hecho que los grupos criminales organizados actúan sin consecuencias, permite que se siga depredando al país y que el Estado se convierta en un botín, en vez de priorizar la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos.”
