Guatemala, 26 de septiembre de 2019. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIEN, presentaron el monitoreo mensual del IDD de las denuncias de nueve delitos, y el tema del mes Presupuesto 2020, junto con un análisis más detallado, centralizado en la Justicia Criminal.
Walter Menchú, analista del CIEN, compartió que “es positivo que el IDD se redujo en un 0.4% lo que indica que, en su conjunto, las denuncias de los nueve delitos bajaron levemente. Además, la cantidad de homicidios, luego de un pico en julio (395 homicidios), bajó nuevamente en agosto (266 homicidios) a niveles inferiores a lo registrado en los últimos meses de 2018. Sin embargo, añadió que “geográficamente, hay una alerta en el departamento de Guatemala, pues de enero a agosto 2019 se registran 65 más muertes violentas que en el mismo período de 2018.” Como dato de interés que puede guiar a las autoridades a priorizar acciones en áreas específicas, Menchú comentó que los municipios del departamento de Guatemala que registran los mayores aumentos de homicidios en 2019 son: Guatemala, San José Pinula, San Miguel Petapa y Mixco.
“Una fotografía aún más detallada de la violencia homicida se puede observar si se desglosa la información por zonas de la ciudad capital, resultando la zona 1 con un cambio de 164% en aumento en homicidios de enero a agosto 2019 comparado con el mismo período del año anterior, seguida por la zona 21 con un 80% de incremento, zona 5 con un 39% y la zona 18 con un 11%” finalizó el expositor, invitando a las autoridades a tomar en cuenta estrategias de prevención específicas para contrarrestar la violencia en estos lugares, dado que cada vida que se pierde es valiosa e intervenciones específicas pueden mejorar la seguridad de la población.
El investigador asociado del CIEN, Jorge Lavarreda, describió el contexto en el que se discute el Proyecto de Presupuesto 2020, y señaló que se sigue incurriendo en prácticas que tienden a sobreestimar los ingresos, ya que “se incluye un bolsón de ingresos por otros impuestos, lo cual condiciona el cumplimiento de la meta de recaudación, presionando a que el déficit sea mayor a lo presupuestado.” En el tema de la deuda, enfatizó: “no podemos seguir endeudándonos para financiar gastos corrientes o para pagar deuda. Cuando se analiza la evolución del gasto público, se observa que a lo largo del tiempo, el gasto de funcionamiento ha crecido, sacrificando la inversión pública. Específicamente, se observa que el gasto en salarios en tres instituciones ha aumentado drásticamente: dentro del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud debido a los pactos colectivos y en el Ministerio de Gobernación debido a aumentos salariales, todos ellos sin el acompañamiento de una planificación estratégica orientada hacia las prioridades de país.”
David Casasola, investigador del CIEN, ahondó en el análisis del Presupuesto 2020 de las instituciones del Flujograma de Justicia Criminal y comentó que “en un contexto de recursos limitados y debido a las rigideces inherentes en el Presupuesto, no es posible proveer el 100% de recursos requeridos por las instituciones, por lo cual será crucial definir los criterios para priorizar la ejecución de recursos asignados. Un ejercicio que se debe realizar de forma coordinada, para que las acciones de las instituciones se complementen entre sí y generen un resultado común que beneficie a los guatemaltecos.” Añadió que, a lo largo del tiempo las instituciones del Flujograma han articulado sus presupuestos de forma individual, sin considerar el rol de otras instituciones en la generación de resultados para la población. Dado que los recursos financieros son limitados, existe una oportunidad para optimizar su aprovechamiento, al articular esfuerzos institucionales para lograr resultados en común. En este contexto, el Flujograma de la Justicia Criminal podría utilizarse como punto de partida y ser una herramienta de referencia para facilitar la coordinación.
“Si queremos seguir mejorando la seguridad ciudadana y la justicia criminal, la situación actual demanda que las instituciones del sector se unan y utilicen mecanismos de coordinación para identificar la contribución de cada institución particular a una meta en común y así priorizar recursos y planes específicos hacia un objetivo que trascienda a cada institución y se elabore en base al bien común,” concluyó Casasola.
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