Guatemala, 23 de septiembre de 2020. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA, presentaron el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y el tema del mes Resultados de los Estados de Excepción en Seguridad Ciudadana.
El IDD es un índice compuesto por las denuncias de nueve diferentes delitos en los últimos 12 meses, el cual monitorea el comportamiento de los mismos, para proveer a los ciudadanos y a los tomadores de decisión un análisis basado en datos sobre la Seguridad Ciudadana en el país. El analista del CIEN, Walter Menchú, compartió que “para agosto el índice se redujo 0.4%, indicando que, en su conjunto, las denuncias de los delitos bajaron, aunque resalta que en el último mes aumentó la cantidad de denuncias de robo de vehículos (109 en julio a 147 en agosto) y de motocicletas (251 en julio a 294 en agosto) aunque las tasas van a la baja (puesto que se calculan basadas en los datos para un año atrás). Asimismo, la tasa de homicidios se mantiene a la baja al igual situándose en 16.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aparte, en la ciudad capital no ha habido un repunte en violencia de este tipo, colaborando seis zonas (18, 5, 1, 21, 7 y 9) a dos tercios de la reducción en todo el municipio (en todo el municipio hubo 222 homicidios menos en lo que va del año)”. Menchú advirtió que “hay una alerta para las autoridades, pues la cantidad de homicidios alcanzó nuevamente el mismo nivel de inicios de año, por lo que se recomienda implementar estrategias para reducir este tipo de delito”.
La presentación Resultados de los Estados de Excepción en Seguridad Ciudadana estuvo a cargo del General Ronaldo Leiva, consultor del CIEN, quien indicó que “los primeros cuatro decretos gubernativos del año 2020 decretaron Estados de Prevención de seis días en municipios de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, enfocados en desarticular grupos criminales vinculados al sicariato y a la extorsión. Se pudo observar que la nueva Administración situó la Seguridad Ciudadana como prioridad en sus planes, aunque se vieron interrumpidos por la pandemia. Luego, en mayo, continuaron con la implementación de la figura de Estados de Excepción, decretando Estado de Sitio en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán ante la escalada de la violencia registrada en la región debido al conflicto histórico sobre límites y recursos territoriales. El mismo fue ratificado el 11 de junio por el Congreso y nuevamente prorrogado en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por otros 30 días más. Debido al incremento en la conflictividad, criminalidad y la persistencia de actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de Alta Verapaz e Izabal, se intentó continuar utilizando esta figura, pero el Congreso no la ratificó por falta de quórum, por lo que finalmente con los decretos 14 y 16 -2020, el Ejecutivo estableció Estado de Prevención en algunos municipios de estos dos departamentos. Respecto a los resultados, en Sololá”, reportó Leiva “se incautó armamento y equipo que estaba siendo utilizado por los grupos en conflicto: 54 armas de fuego, 36 armas artesanales, 1,837 bombas caseras, 10,480 municiones y 130 morteros artesanales, así como 90 celulares, 22 radio-comunicadores, 2 drones y 4 computadoras” y puntualizó que “con el desmantelamiento del poder de fuego de ambos bandos se espera que avancen las negociaciones para resolver las diferencias por la vía pacífica y legal. Durante el Estado de Prevención en Izabal y Alta Verapaz, se incautaron solamente 19 armas y 184 cartuchos útiles, aunque se detuvo a 155 personas, se incautaron 3 vehículos, 48,200 arbustos de coca, 21,880 dólares estadounidenses y 39 paquetes de marihuana.”
Las recomendaciones del estudio señalan que aunque los Estados de Excepción son estrategias que pueden aportar a mejorar la Seguridad Ciudadana, es necesario evaluar el uso de los mismos y considerar aumentar la presencia de las distintas instituciones del Estado en estos departamentos y municipios, pues es la ausencia de los servicios públicos lo que aumenta conflictos y facilita las actividades de los grupos criminales y del narcotráfico, en detrimento del bienestar de los pobladores de las regiones en mención.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
