Guatemala, 19 de febrero de 2020. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, presentaron el seguimiento mensual del IDD, que
abarca denuncias de nueve delitos y se hizo un análisis para la ampliación de la infraestructura
penitenciaria, como prioridad en seguridad ciudadana del actual gobierno.
Respecto a la Seguridad Ciudadana, el IDD constituye una visión general a las tasas de denuncias,
organizadas de forma interanual (se comparan los 12 meses anteriores), para los delitos de:
homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de
furgones con mercadería y de viviendas, con el fin de observar tendencias en el tiempo. A este
respecto, “las denuncias de los delitos contra las personas bajaron un 3% pero las denuncias de los
delitos contra la propiedad aumentaron un 2%, principalmente debido al exponencial crecimiento de
las denuncias de extorsiones, un tema sumamente preocupante pues se contabilizan 1,600 denuncias
en el primer mes del año” comentó el analista del CIEN, Walter Menchú y añadió que “es crucial que
las autoridades hagan intervenciones con visión de largo plazo, que incluyan planes de prevención
para personas en riesgo y una mejora a la situación dentro del Sistema Penitenciario para garantizar
que quienes son condenados por extorsión no continúen delinquiendo desde las cárceles.”
El tema del mes se centró en la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria en Guatemala,
el país en Latinoamérica con la mayor tasa de ocupación por cada espacio carcelario. “Aunque a nivel
latinoamericano tenemos la tasa más baja de encarcelación (de cada 100 mil habitantes solamente
153 se encuentran privados de libertad, comparado con El Salvador, donde 591 personas de cada
100 mil están recluidas), cabe resaltar que en los centros carcelarios guatemaltecos cuatro personas
ocupan el lugar destinado originalmente para un privado de libertad” advirtió Corinne Dedik, experta
en el tema. La comparación internacional muestra que en Centroamérica en los últimos cinco años
se construyeron 35,540 nuevos espacios carcelarios y actualmente hay 14,500 en construcción, sin
embargo, Guatemala añadió apenas 130 nuevos espacios. Contrario a El Salvador y Costa Rica donde
se han implementado medidas adicionales como el control telemático y Nicaragua y Panamá con
planes de liberación de reclusos y agilización de procesos penales respectivamente, en Guatemala
está aún pendiente y urge la implementación del control telemático, así como la aplicación del
régimen progresivo para rehabilitar a los privados de libertad.
El análisis del CIEN muestra que la población carcelaria en Guatemala ha crecido un 9% al año en los
últimos diez años, hecho a tomar en cuenta para futuras planificaciones, puesto que, de no invertir
en la infraestructura del Sistema Penitenciario, se corre el riesgo de una crisis más aguda que la
actual, donde habrá más delitos cometidos desde las cárceles, menos oportunidades de reinserción
en la sociedad para los reclusos y peores condiciones de vida para quienes están privados de libertad.
“El déficit de espacios carcelarios en total es de 18,640 espacios, pero es mayor en las cárceles de
cumplimiento de condena (9,970) que en prisión preventiva (8,670); por lo que la recomendación es
priorizar la construcción de centros para cumplimiento de condena” señaló Dedik y enfatizó que “con
base en la procedencia de los reclusos, hay necesidad de construir espacios en la región I
(departamento de Guatemala con 5,100 espacios necesarios) y la región VI (suroccidente del país con
necesidad de 1,500 espacios). Además, si bien las mujeres constituyen sólo el 11% de la población
reclusa, el preventivo femenino tiene una ocupación del 583% y el centro para cumplir condena
funciona al 718%, por lo que apremia priorizar la construcción de infraestructura para este grupo.
También, basados en los perfiles criminológicos de los privados de libertad, hay un aproximado de
800 de ellos que deben recluirse en cárceles de máxima seguridad, por lo que se debe invertir en al
menos dos centros carcelarios de este tipo.”
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 2331-1564.
