Guatemala, 3 de diciembre de 2019. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIEN, presentaron un análisis de los resultados del Estado de Sitio en 22 municipios del nor-oriente del país decretado en los meses de septiembre y octubre, junto con el informe sobre el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) el cual recopila información de las denuncias de nueve diferentes delitos y la presenta en tasa interanuales para ofrecer una visión amplia sobre la situación de la Seguridad en Guatemala.
El analista del CIEN, Walter Menchú compartió que “el IDD se redujo 0.9% lo que significa que las tasas de las denuncias de los nueve delitos se redujeron en su conjunto, impulsado principalmente por una reducción del 2.5% en el sub índice de delitos contra las personas (homicidios, secuestros, violaciones y lesiones).” Además, añadió que “el sub índice de delitos contra la propiedad (extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y robo de residencias) aumentó levemente un 0.8% comparado con el mes anterior, en donde es preocupante observar que las denuncias por extorsiones se mantienen arriba de 1,400 al mes con una tasa interanual que continúa aumentando.”
La tasa de homicidios muestra una leve tendencia a la baja, situándose en 20.6 homicidios por cada 100 mil habitantes a octubre de 2019 y manteniendo una cantidad de homicidios mensuales menor a 300, luego de un pico observado en julio (395). “Es positivo observar que los departamentos de Petén y Quetzaltenango han logrado reducir 113 homicidios de los 205 homicidios que se han reducido en todo el país entre enero a octubre 2019 comparado con el mismo período del año 2018, mientras que en Escuintla y Guatemala se registran 106 homicidios más” resaltó Menchú y puntualizó que “la reducción de homicidios en todo el país equivale a 6% menos en los primeros 10 meses del año 2019 comparado con 2018.”
El Análisis de los Resultados del Estado de Sitio estuvo a cargo de Ronaldo Leiva, consultor del CIEN, quien presentó que “la situación de algunas comunidades en el interior del país es frágil ante el control territorial que poseen algunos grupos del crimen organizado y narcotráfico,” y señaló que “la definición de un narco estado es cuando ya no se puede distinguir a las autoridades de los delincuentes, o cuando se considera que existe un entendimiento en una base corrupta entre los grupos criminales organizados y el Estado.” El experto explicó que durante los operativos – en donde se desplegó personal de los Ministerios de Defensa, Gobernación, Agricultura, Salud, Ambiente y Cultura y Deportes para un total de 10,161 personas asignadas para atender el Estado de Sitio – se capturaron 851 personas, se localizaron 17 pistas clandestinas, se erradicaron 225,975 matas de mariguana, 177 hectáreas de un complejo de producción de cocaína en Livingston, se desmantelaron cinco narco laboratorios por un valor estimado de US$250 mil y se incautó un contenedor con jade sustraído ilegalmente, así como armamento, vehículos, explosivos y radios.
“La ausencia de instituciones del Estado permite que el crimen organizado se aproveche de las situaciones de extrema necesidad y pobreza en estas áreas rurales, para coaccionarlos a cometer hechos ilícitos” resaltó Leiva e indicó que “aunque el Estado de Sitio le dio visibilidad a las comunidades del sector, demostrando que hay una sentida ausencia de servicios básicos de salud, energía eléctrica, educación media y vías de comunicación entre otros, es una estrategia aislada que necesita de un plan de apoyo para mejorar la presencia institucional del Estado en estos municipios, a fin de promover un clima de mayor confianza y contrarrestar la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. Sin cambios de fondo en una estrategia gubernamental a largo plazo que priorice intervenciones sociales y de seguridad, es probable que los problemas y actividades ilícitas permanezcan en el futuro.” El consultor Leiva concluyó asimismo que “es crucial que, ahora que ya finalizó el Estado de Sitio, los diferentes sectores de la sociedad se involucren para reducir las causas y manifestaciones de la problemática de las drogas, y de manera integrada y coordinando esfuerzos, se comprometan a elaborar e implementar una Política Nacional para Contrarrestar la Narcoactividad.”
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 2331-1564.
