Guatemala, 25 de noviembre de 2020. La Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales(CIEN) como brazo técnico, presentaron el estudio sobre la Seguridad Ciudadana en Guatemala “Reducir las Extorsiones, un Esfuerzo de Todos”.
Juan Monge, Director de la Coalición enfatizó que “la seguridad ciudadana es crucial para el desarrollo delpaís y para el bienestar de las personas. Nuestra meta ha sido medir los avances en seguridad y hacer propuestas de política en seguridad ciudadana, uniendo esfuerzos sector privado, público y ciudadanía. Al monitorear los indicadores y los análisis realizados, se mostraban tendencias al alza en la denuncia de extorsiones, llegando a una tasa de 89 denuncias de extorsiones por cada 100 mil habitantes en 2019. Para reducir las extorsiones, es necesario que la población denuncie, que las instituciones se fortalezcan y que se mejoren sus capacidades”. Monge explicó que el estudio está a disposición de las autoridades para que las políticas públicas puedan estar basadas en un análisis integral del fenómeno delictivo.
El investigador del CIEN Walter Menchú, explicó que “una extorsión, según la Real Academia Española, es la “presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”. Este delito está tipificado en Guatemala en el artículo 261 del Código Penal y en los artículos 10 y 11 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO)”. Añadió que “según la Encuesta Nacional de Percepción y Victimización (ENPEVI) de 2018, se denuncia solo una de cada tres extorsiones. Del total de estas denuncias, el 60% de las víctimas fueron personas en sus residencias, seguidas de comercio (31%) y transporte (6%). Geográficamente, las denuncias se concentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Jalapa, Retalhuleu y Quetzaltenango”. El fenómeno criminal ha evolucionado y puede dividirse en tres etapas: hasta medidos de la década del 2000 el delito consistía en “rentas cobradas por pandilleros, de 2006 a 2014 con el fortalecimiento de las clicas, se pasó a una extorsión sistemática ligada al control territorial ejercido por las pandillas, y a partir de 2015 surgen los imitadores, personas que se encontraban en prisión que imitaron el delito cometido por pandilleros. Menchú explicó que “los imitadores, al contrario que las pandillas, cuentan con una estructura pequeña que no es fija y seleccionan al azar a las víctimas. Otra característica es que la mayoría operan desde la cárcel y en total, conforman el 80% de las extorsiones, mientras que las pandillas se enfocan en el transporte y el comercio. De las 86,013 denuncias presentadas desde 2010 hasta el 31 de julio de 2020, dos de cada tres ya fueron concluidas, de las cuales 8% recibió sentencia y se condenó por este delito a 13,686 personas (el 84% del total de procesados), lo que significó que la cantidad de privados de libertad por el delito de extorsión pasara de 7% a 15% de la población reclusa entre 2010 y 2019”.
Corinne Dedik, investigadora del CIEN se refirió a la evolución de las leyes para hacer frente a este delito, con la aprobación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada de 2006, la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal de 2009 y la Ley de Equipos Terminales Móviles de 2013. Asimismo, indicó “tanto la PNC como el MP han avanzado en el fortalecimiento institucional, como por ejemplo la creación de la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (DIPANDA) y la Fiscalía contra la Extorsiones, ambas con sedes departamentales y municipales. También INACIF, IDPP y el Organismo Judicial han tomado medidas para reducirlas extorsiones, pero resalta que el Sistema Penitenciario no ha logrado implementar una estrategia de reclusión efectiva para contrarrestar las extorsiones. Esto es preocupante porque el 90% de las extorsiones salen de las cárceles, las cuales registran un 380% de ocupación, déficit de personal, falta de control y corrupción. Por lo tanto, recomendamos a las autoridades poner énfasis en mejorar los controles en el Sistema Penitenciario, así como concretar el apoyo y coordinación con las empresas de telefonía para bloquear la señal en las cárceles y con la Superintendencia de Bancos para frenar el blanqueo del dinero producto de la extorsión”.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
