Guatemala, 24 de mayo de 2023. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos – IDD y Estado de Derecho y Justicia Criminal.
El tema del mes estuvo a cargo del investigador del CIEN, David Casasola, quien inició con una definición de lo que se entiende por Estado de Derecho según la ONU: “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Casasola añadió que “el Estado de Derecho facilita la creación de condiciones para mejorar el nivel de vida de la población”.
En el año 2012 el World Justice Project creó el IED, el cual mide el Estado de Derecho a través del análisis de ocho factores y 44 sub-factores. “Dentro de este índice, Guatemala puede ser catalogado como un país con débil apego al Estado de Derecho, situación que no ha variado a lo largo del tiempo; no obstante, ha existido un deterioro en los componentes de justicia criminal, civil y ausencia de corrupción” explicó Casasola y puntualizó que “cuando se analizan los ocho factores, se encuentra que el de Justicia Criminal es el de menor calificación, especialmente en sus sub-factores 1. efectividad de la investigación criminal (0.22); 2. el proceso penal es oportuno y eficaz (0.24); y 3. los sistemas correccionales reducen el comportamiento criminal (0.11)”.
“Emerge la necesidad de contar con un sistema de indicadores cuantitativo como herramienta para tomar mejores decisiones e informar a la población” concluyó Casasola y dentro de las recomendaciones que presentó, se encuentran “construir estadísticas que monitoreen los tiempos que toma realizar distintos procesos para impartir justicia, que sirvan como insumo para implementar acciones para una justicia pronta y cumplida, vincular esfuerzos para lograr un sistema de información único en donde se interconecten todas las instituciones del sector justicia que permita hacer el seguimiento de un caso desde que ingresa al sistema hasta que encuentra una salida definitiva, elaborar un plan de digitalización de procesos y servicios para las instituciones del sistema de justicia, que identifique una ruta crítica de implementación y asegure financiamiento, y además, avanzar en el desarrollo de infraestructura carcelaria y en la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en el Sistema Penitenciario”.
