Guatemala, 21 de septiembre de 2022. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos – IDD y Análisis de la Atención Institucional a los Delitos de Extorsión.
Corinne Dedik, investigadora del CIEN, compartió el tema del mes e indicó que las denuncias por los delitos de extorsión se triplicaron entre 2015 y 2019, registrando un pico de 15,515 denuncias en 2019 y 10,017 en los primeros ocho meses del año en curso. “El análisis realizado” indicó Dedik “arrojó que el 80% de los casos de los últimos 12 años han sido concluidos, y del restante 20% de los casos activos, el 89% de ellos (19,145 casos) se encuentran en etapa de investigación. Asimismo, de los 85,169 casos de extorsión concluidos, el 6% recibieron una sentencia, un 68% fueron archivados y un 24% desestimados. Desde 2010, 7,896 personas recibieron una sentencia en los casos de extorsión, de las cuales el 88% fueron sentencias condenatorias”.
En cuanto al delito de extorsión, hace casi dos décadas se daba como el cobro de “renta” por parte de las pandillas en los territorios que controlaban y fue evolucionando, diversificándose al interior del país y dando cabida al fenómeno de los “imitadores”, quienes generalmente son personas privadas de libertad que extorsionan por llamadas de celular a sus víctimas de manera aleatoria y una única vez, valiéndose de amigos, familiares y compañeros de prisión para realizar los cobros, en vez de una estructura fija y organizada como las pandillas. Actualmente el 80% de las extorsiones son de imitadores y 90% de éstas sale de un centro de privación de libertad.
“La atención institucional a estos delitos se ha especializado” explicó Dedik, “en la Policía Nacional Civil – PNC con la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas – DIPANDA, la cual cuenta con 13 sedes e investigadores especializados; en el Ministerio Público – MP, a través de la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones – FSE que cuenta con 11 sedes y distintas agencias fiscales especializadas en denuncias de casos de imitadores, estructuras organizadas o casos en flagrancia; y en el Organismo Judicial – OJ, con la creación de los juzgados y tribunales con competencia de mayor riesgo y el Juzgado y Tribunal contra las Extorsiones”.
Entre las recomendaciones brindadas se resaltó continuar con las campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o co-autores de una extorsión al prestar su cuenta bancaria, mejorar el control en los centros de privación de libertad y avanzar con una reforma penitenciaria a largo plazo, coordinar efectivamente con las empresas telefónicas el bloqueo de señal en las cárceles, intensificar la coordinación con el sector bancario para mejorar la persecución penal y evaluar nuevas estrategias para lograr judicializar los casos de extorsión que causan dificultades en la investigación.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
