Escrito por: Verónica Spross
Guatemala, 02 de julio del 2020
Ya pasamos las 10 semanas desde el inicio de la epidemia del COVID-19. Las medidas rigurosas adoptadas para evitar la propagación de la epidemia han tenido un impacto económico fuerte. El IGSS reporta que la cantidad de empleos formales, o registrados en el sistema de seguridad social, se ha reducido en 57 mil. Esto sin tomar en cuenta a las personas que no pueden ejercer su actividad económica sin ser empleados de una empresa que contribuye al IGSS.
Las medidas de prevención que buscaban reducir el número de contagios y, en paralelo, ganar tiempo fortalecer la capacidad de la atención sanitaria han llevado a la economía a una especie de “coma”, de la cual ahora debe revitalizarse. Sin embargo, no se puede pensar en una situación de normalidad igual a la que se tenía antes de la pandemia. Como han señalado economistas como Hugo Maul, probablemente se observe la desaparición de puestos de trabajo no prioritarios, la reducción de ocupaciones no esenciales en donde sea muy alto el riesgo de contagio y actividades que puedan ser reemplazadas por máquinas o tecnología.
La quiebra de empresas y la poca disponibilidad de capital de trabajo dificultarán que la recuperación económica sea rápida y generalizada. Asimismo las empresas deberán enfrentar una demanda diferente, los hábitos de los consumidores seguramente habrán cambiado en la nueva normalidad. Lo que antes se valoraba ahora no tiene el mismo valor, y lo que ahora se valora está relacionado a la forma cómo estamos viviendo y relacionándonos hoy día.
La situación actual muestra que la pandemia aún no llega al pico más alto, y sin embargo, se ve difícil mantener la limitación a la economía por muchos meses más. Es necesario reactivar los sectores económicos con medidas acordes a cada región geográfica, con las adecuadas medidas sanitarias. Las políticas y estrategias de apertura no pueden ser iguales en todos los departamentos o regiones, ya que hay algunos lugares donde el virus está bastante controlado.
Como señaló el CIEN en el mes de abril, las políticas que se tomen deben buscar el doble objetivo de salvar vidas y salvar las formas de ganarse la vida. Los protocolos de apertura deben ser flexibles y adaptables a cada sector y empresa. Las condiciones no son las mismas en el comercio, la industria, las actividades vinculadas a la tecnología, o los servicios. Mientras se mantengan las condiciones de distanciamiento, el uso de las mascarillas, la disponibilidad de alcohol en gel y medidas sanitarias como disponibilidad de agua y jabón para el lavado de manos, algunas empresas podrán plantear sus protocolos para la reapertura.
Enfocarnos ahora en la recuperación de empleos perdidos y en la creación de nuevos implica medidas de política pública, que incluyan la mejora en la infraestructura, la posibilidad de regular el teletrabajo y la legislación para el trabajo de tiempo parcial, el cual abre la puerta a mujeres que están en el hogar o jóvenes que estudian Diversificado o en la Universidad, pero que pueden trabajar algunas horas cada día. Se estima que son 600 mil personas que están ya en esta modalidad, pero ante la falta de reglamento no pueden contar con los beneficios de la formalidad.
Estarán viniendo 10 mil nuevos empleos en el sector de BPOs, porque la disponibilidad de recurso humano es un activo importante para ese sector. El inglés como herramienta para la inserción laboral se vuelve prioritario. Es clave apoyar a la juventud para que en esta etapa de resguardo en casa y estudios a distancia pueda aprender inglés o mejorar el nivel que se tiene con modalidades en línea.
Recién ha señalado el Ministro de Economía, Antonio Malouf, que el inglés es una herramienta fundamental para acceder a esos empleos que están disponibles o que se están creando. ‘Es tan importante como la matemática o el idioma español’. También debe capacitarse a los jóvenes en el uso de la tecnología y la programación. Debemos apostarle a la generación de empleos vinculados a la tecnología; ello implica preparar a los niños y jóvenes para acceder a ellos con éxito, como lo han venido haciendo países latinoamericanos como Costa Rica y Uruguay.
