Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 08 de mayo del 2019
Misión imposible. Para principiar, el ambiente institucional y jurídico existente imposibilita cualquier tipo de reforma tendiente a la generación de nuevas oportunidades de empleo: ampliar las formas de contratación existentes; fomentar la libre negociación de condiciones de trabajo entre trabajadores y empleadores; armonizar el nivel del salario mínimo respecto de la abundancia relativa de mano de obra con bajos niveles de educación y capacitación; mantener la competitividad de los costos laborales respecto de los países de la región. En pocas palabras, la instituciones jurídicas y políticas existentes impiden cualquier tipo de reforma tendiente a reducir los costos que deben afrontar las empresas para crear, mantener y terminar una relación laboral formal. Dado el exagerado nivel de detalle de la Carta Magna en esta materia y el protagonismo político que la C.C., casi cualquier modificación a la regulación existente podría resultar inconstitucional. Para terminar de complicarlo todo, el sindicalismo público ejerce de facto un “derecho de veto” sobre cualquier tipo de modificación a la normativa actual que consideren que afecta a los, mal llamados, “derechos adquiridos”.
Aun en el improbable caso que se pudiera lograr algún grado de flexibilización en la regulación laboral, no existe certeza jurídica acerca de la correcta aplicación de las nuevas normas por parte de los operadores de justicia. Es bien sabido que inspectores, jueces de trabajo y cortes de mayor jerarquía tienden a interpretar las normas a favor de los trabajadores, sin importar las consecuencias que esto tiene sobre la creación de empleo. En resumidas cuentas, la pregunta en cuestión debe responderse dentro de un contexto en donde el costo unitario de la mano de obra es uno de los más altos de la región, pero resulta imposible volverlo más competitivo; en donde la fuerza laboral carece de las competencias mínimas para justificar el pago del salario mínimo, pero no se puede pagar menos de lo que la ley obliga y no se puede reformar dichas leyes; en donde la evolución del salario mínimo no guarda relación alguna con las condiciones económicas y de empleo existentes, pero no hay forma de adecuar el mismo en épocas difíciles, y; en donde los sindicatos públicos y movimientos políticos afines consideran que quienes generan el poco empleo son los principales responsables del problema. Si esto no basta, habría que añadir que las demás condiciones competitivas del país en poco o nada ayudan a mejorar la productividad total de la economía. Bajo estas condiciones, sustituir trabajadores formales por máquinas y tecnología casi siempre es un buen negocio; ahorrar trabajo formal en los procesos productivos la mayoría de veces es una opción rentable. Crear empleo formal: misión imposible.
