26/02/2019

Combate a la corrupción: tareas pendientes

Escrito por: Hugo Maul Rivas

Guatemala, 26 de febrero del 2019

En palabras de expertos internacionales en el combate contra la corrupción, el primer paso de cualquier esfuerzo en esta materia consiste en reconocer sinceramente “la amplitud y profundidad de la captura del Estado y la pequeña corrupción”. Desde esta perspectiva, en términos generales, habría que reconocer que las áreas más urgentes de reforma son precisamente aquellas en donde políticos y funcionarios públicos mantienen, de jure o facto, un control arbitrario sobre recursos, decisiones y acciones de gobierno que afectan directamente a la ciudadanía y a la comunidad empresarial. Algunos ejemplos de este tipo de espacios en donde reina la arbitrariedad pública y florece la corrupción son aquellos en donde se califican requisitos; otorgan permisos; emiten licencias; negocian y aprueban contratos, y; se confieren beneficios y subsidios a particulares. Así como espacios de decisión en donde políticos y funcionarios públicos pueden asignar a particulares de forma discrecional el uso, goce o control de activos gubernamentales como bienes raíces, carreteras, puertos, derechos de vía, recursos naturales, etcétera. No se diga nada de las arbitrariedades que se cometen en nombre del celosos cumplimiento de regulaciones laborales, mercantiles, tributarias, ambientales, sanitarias, fitosanitarias, etcétera. O bien, las facultades discrecionales con las que cuentan muchos funcionarios para manejar fondos públicos en beneficio de particulares.

Como se puede deducir del incompleto listado anterior, mucho del combate a la corrupción debería concentrarse en el control de estas facultades discrecionales dispersas a lo largo y ancho de miles de funcionarios públicos y autoridades políticas. La eliminación de este tipo de fuentes de corrupción requiere de amplios procesos de desregulación hasta volver a confiar en la buena fe de los ciudadanos. A lo cual habría que añadir reformas a los marcos normativos para regular la discrecionalidad en manos de aquellos funcionarios relacionados con la contratación pública, selección y contratación de personal, regulación de actividades económicas y asignación de fondos públicos. Junto con esto hay que seguir promoviendo la la transparencia, la rendición de cuentas y el libre acceso a la información, así como rediseñar y eliminar dependencias públicas e instrumentos legales que hayan sido fuentes consuetudinarias de corrupción, tales como las aduanas y las empresas del Estado o la legislación tributaria, entre otras muchas. Muchas de estas, áreas de reforma en las cuales poco o nada se ha hecho durante las últimas administraciones y que, cuando algo se ha hecho al respecto ha resultado contraproducente. Pretender evadir la necesidad de este tipo de reformas no conduce a ningún lado, salvo a perpetuar y agravar la corrupción existente.

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