05/03/2019

Combate a la corrupción: múltiples frentes de batalla

Escrito por: Hugo Maul Rivas

 

Guatemala, 05 de marzo del 2019

Desde la perspectiva del análisis costo-beneficio, bastaría con poner en práctica medidas que disminuyan la ganancia neta esperada derivada de la corrupción para que este mal se reduzca: reducir sus beneficios y aumentar los castigos y probabilidad de ser detectado en este tipo de comportamiento. En cuanto a los castigos, es preciso tener en cuenta que en sociedades endurecidas por la corrupción, el castigo podría no ser un disuasivo efectivo dado que no solo importa la severidad de las penas sino de la certeza del castigo. En este sentido, tal probabilidad certeza depende de la posibilidad razonable de escapar del castigo mediante maniobras ilegales; el alcance y profundidad de los procesos de investigación y persecución; el historial de combate contra la corrupción en el país, y; la calidad global del sistema de justicia. Sin embargo, en sociedades altamente proclives a la corrupción, como parece ser el caso de Guatemala, es imprescindible trabajar en reducir los beneficios derivados de la corrupción y aumentar las probabilidades de su detección. En lo que a aumentar las probabilidades de castigo respecta, en aquellos casos en donde la corrupción permite incumplir con el funcionamiento regular del aparato público, la transparencia en los actos de gobierno es el remedio más eficaz. Asimismo, es vital que los organismos de control y persecución unan esfuerzos con la sociedad civil y la prensa independiente en el esfuerzo por detectar actos de corrupción dentro de la esfera pública, garantizando efectivas salvaguardas para que ciudadanía y prensa actúen sin temor a represalias físicas o legales por parte de quienes resulten denunciados.

Para minimizar los beneficios derivados de la corrupción debe reducirse la cantidad, valor y frecuencia de todas aquellas transacciones que puedan dar lugar a actos de corrupción; racionalizar y simplificar procesos burocráticos, en especial en aquellas áreas en donde la prestación de un servicio o cumplir con un requisito pueda convertirse en un acto de extorsión por parte de los funcionarios responsables contra el ciudadano; limitando el tamaño de los proyectos que pueden estar sujetos a aprobación, gestión o supervisión por parte de funcionarios con poderes arbitrarios; aumentando la proporción del gasto público que se financia con impuestos, a manera de introducir un contrapeso al “placer” de gastar de los funcionarios mediante el “dolor” que provoca a los contribuyentes pagar impuestos; poniendo en funcionamiento estándares de calidad para la prestación de servicios y construcción de obra pública, y; eliminando la provisión de bienes o servicios públicos no prioritarios para la población. Como se desprende de todo esto, el combate contra la corrupción no empieza ni termina con la labor de una sola institución.

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