«Disponer de mejor información estadística es solo el primer eslabón de una larga cadena de producción que depende de un sinfín de otros factores».
24 de julio del 2018
Por Hugo Maul R.
Contar con información más precisa y detallada acerca de la población y la vivienda ayudaría a las entidades gubernamentales a planificar mejor sus intervenciones y diseñar políticas públicas más efectivas. Sin embargo, como la historia de los últimos quince años lo ha demostrado hasta el cansancio, con censo o sin él, lo más seguro es que la inmensa mayoría de falencias que hoy tiene el quehacer gubernamental seguirán siendo las mismas. Si los demás factores se mantienen igual, lo más seguro es que la información actualizada que arroje el censo sea utilizada, cuando convenga, para justificar la ampliación de muchos programas gubernamentales de dudosa efectividad y nula rentabilidad social. En el caso de aquellos programas en los que esta información ayude a evidenciar la inconveniencia de seguir gastando en ellos, lo más seguro es que nada suceda para descontinuar la vigencia de los mismos. La incapacidad demostrada de muchas agencias de gobierno en alcanzar los resultados estratégicos que justifican su existencia y, por ende, en malgastar recursos públicos constituye una sana preocupación de muchos que requieren acciones en múltiples áreas de la función pública y que no desaparecerán por el simple hecho que el gobierno cuente con más y mejor información.
Oponerse al censo en función de esta incapacidad gubernamental confunde los síntomas con las causas; la incapacidad gubernamental debe atacarse desde sus causas raíz. Disponer de mejor información estadística es solo el primer eslabón de una larga cadena de producción que depende de un sinfín de otros factores; disponer de información más completa y de mejor calidad sobre la población y la vivienda es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar la calidad y efectividad de la planeación y el accionar gubernamental. En todo caso, si ya la calidad de la gestión pública es deficiente, carecer de información estadística sobre la población solo la hace más inefectiva y costosa. Asuntos no invalidan las dudas acerca del uso que el gobierno dará a la información recabada. Por más que se diga que la privacidad de los informantes está garantizada, Artículo 25 de la Ley Orgánica del INE, Artículo 30 de la Constitución y Artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, dada la debilidad del Estado de Derecho en el país existe el riesgo potencial que, llegado el caso, pudiera incumplirse con este tipo de normativa. El mismo Bureau of the Census, en EE. UU., ha sido objeto de denuncias en varias ocasiones por facilitar información privada al Ejército y a los aparatos públicos de seguridad. Si bien este tipo de riesgos existen, más que apostar por el fracaso del censo hay que seguir luchando para fortalecer el Estado de Derecho, delimitar más efectivamente el papel y tamaño del gobierno y fortalecer las capacidades de gestión pública.
