El día de hoy el investigador asociado del CIEN, Jorge Lavarreda, encargado del Observatorio #COVID19GT, presentó un análisis sobre el Fondo Bono Familia. El Observatorio realiza seguimiento mensual a los recursos públicos designados para combatir la emergencia derivada del COVID-19. Los informes se realizan gracias al apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional – CIPE, con el fin de comunicar a los ciudadanos de una manera periódica y sencilla, cómo se ha ejecutado el gasto público para aliviar el impacto de la pandemia.
Lavarreda compartió que el BF fue cambiando y el problema radicó en que “el Fondo inició con poca claridad en identificar el problema priorizado y por ende su población objetivo no quedó clara. Además, no se definió desde un inicio, las condiciones o características del apoyo y el estado ideal a alcanzar de los beneficiarios del programa con la ayuda; tampoco se establecieron tiempos de entrega y no se alineó el plan de emergencia del gobierno con la estrategia de intervención del BF. Aparte, ya con el programa iniciado, el Congreso de la República realizó cambios en la definición de criterios para elegir a los beneficiados y los mecanismos de entrega del dinero, lo cual resultó en demoras, ajustes sobre la marcha al manual del programa, la necesidad de realizar nuevas solicitudes de información a entidades externas y ajustes en la plataforma informática. Añadiendo a los contratiempos, el Decreto 22-2020 impactó el tamaño del padrón, resultando en que todos estos cambios contravinieran las buenas prácticas en la implementación del BF y que se tuviera que reducir el monto del tercer aporte para mantenerse dentro de la restricción presupuestaria”. Por otra parte, “sí hubo elementos positivos”, indicó el experto, “tales como la implementación de la firma electrónica para procesos internos del MIDES, conformación de expedientes y un nuevo padrón de beneficiarios en el país, un método innovador para la entrega de transferencias monetarias, se integró el sistema financiero para la entrega de aportes y a pesar de todo, el BF se implementó en menos tiempo del que lleva implementar programas en el sector público”.
La presentación concluyó que deben fortalecerse las capacidades institucionales para la digitalización de los programas y su operatividad y finalmente el MIDES debe llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas público a inicios de 2021, con compromisos de mejora, a la luz de sus propios análisis y de aportes recibidos de organizaciones de la sociedad civil.
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