Guatemala, 17 de octubre de 2018.- El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó un análisis sobre el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual fue remitido al Congreso de la República de Guatemala el 31 de agosto del año en curso.
Durante el mismo, se resaltaron las discusiones que debieran darse para mejorar la calidad del gasto y fomentar el desarrollo del país a través de la asignación presupuestaria dedicada a la inversión, así como recomendaciones generales para establecer prioridades y gestionar en base a desempeño. El presidente del CIEN, Jorge Lavarreda, resaltó que se debe ir más allá de un análisis financiero numérico y que cada entidad sea responsable de responder ante los ciudadanos sobre los costos asociados a su recurso humano, al mismo tiempo que se rindan cuentas sobre el desempeño histórico y las proyecciones esperadas a futuro, de los programas de cada institución.
“Es preocupante que en 2019 el proyecto de presupuesto pretenda lograr ingresos tributarios por Q.65,210.5 millones, equivalentes a un 10.2% del PIB, basados en el escenario medio del Banco de Guatemala con datos actualizados solamente hasta abril de 2018” explicó Lavarreda y lanzó una advertencia sobre el hecho que persiste la práctica de incluir un rubro de “otros impuestos” por Q.1,100 millones, lo cual no es conveniente desde el punto de vista técnico y de promoción de la transparencia.
Asimismo, el experto indicó que el proyecto de presupuesto, de ser aprobado, rompería con la tendencia a la baja del déficit fiscal, el cual viene disminuyendo desde el período 2008-2011 (2.7 de porcentaje del Producto Interno Bruto- PIB, a 2.0 en 2012-2015, a 1.2 en 2016-2017 y de ser aprobado subiría a 2.5 puntos porcentuales del PIB). “Otra conclusión importante”, señaló, “es que se presupuestaron Q.13,840 millones para servicio de la deuda pública y dado que el 66.8% se deberá financiar con colocaciones internas y 5.2% con préstamos externos, se concluye que se paga deuda con más deuda.”
Un punto de preocupación es el hecho que históricamente, se viene acrecentando la priorización del gasto en funcionamiento, frente al gasto dedicado a la inversión. En el período 1996-1999 se destinaba 32.2% a inversión y el presente proyecto destinaría tan solo un 19.8% a inversión. Esto se debe específicamente a un incremento constante en el pago del recurso humano, el cual en el período 2004-2007 representaba un 24.7% de los Egresos, mientras que en 2016-2017 subió a un 35.2%, concentrado específicamente en los Ministerios de Educación, Salud y Gobernación.
Ya que la rigidez presupuestaria indica que el presupuesto ya está comprometido para remuneraciones, pago de deuda, transferencias a entidades descentralizadas y asignaciones constitucionales determinadas, solamente el 14.2% del presupuesto se mantiene “flexible”. Esto indica que no se logra la asignación bajo la metodología de gestión por resultados y que se debe priorizar mecanismos para hacer más eficiente el gasto público y lograr mejores resultados manteniendo la calidad, utilizando de mejor manera los recursos.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al 2331-1564.
