El propósito del presente documento es analizar la respuesta que las instituciones de seguridad y justicia del país le dan a la ocurrencia de un hecho en donde por lo menos una persona ha perdido la vida. Con el propósito de identificar los desafíos que se enfrentan para identificar a los responsables del hecho y procesarlos penalmente; para proponer recomendaciones de mejora. Para el efecto se analizaron los registros estadísticos que administra el Sistema de Información para el Control de la investigación y trámite de procesos hasta su fenecimiento por parte del Ministerio Público -SICOMP-, se estudió el marco legal y su diseño institucional para atender los delitos contra la vida y se condujeron una serie de entrevistas con diversas autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y del Organismo Judicial para entender el delito del homicidio en Guatemala.
En el capítulo uno se presenta una breve reflexión acerca del mandato constitucional que tiene el Estado de Guatemala de proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad (Artículo 3 de la Constitución Política de la República). En el capítulo dos se presenta el marco legal en donde se enmarca el delito de homicidio a partir de lo que establece el Código Penal. En el capítulo tres se elabora una breve descripción de las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de actuar ante la comisión de un homicidio. En el capítulo cuatro se resumen las acciones que las instituciones realizan al momento de atender un hecho en donde existe por lo menos una persona fallecida.
En las secciones posteriores se analizan estadísticas a nivel mundial (capítulo cinco) y nacional (capítulos cinco y seis) sobre los homicidios y se le da seguimiento a la gestión que el Ministerio Público realiza de los casos en donde ha fallecido por lo menos una persona al cometerse los delitos de homicidio simple y asesinato (capítulo siete). Finalmente, se presentan las conclusiones (capítulo ocho) y recomendaciones (capítulo nueve) identificadas a lo largo de la elaboración del estudio.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- agradece la disposición de los distintos representantes del sistema de justicia en la rama penal que se activa para dar respuesta a un hecho en donde una persona ha perdido la vida, por facilitar las entrevistas e información requerida para elaborar el estudio.
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