Índice de Denuncias de Delitos (IDD) – compuesto por subíndice de denuncias contra las personas y contra la propiedad
Guatemala, 21 de octubre de 2021. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) actualizado al 30 de septiembre de 2021.
El IDD monitorea las denuncias que se realizan alrededor de nueve diferentes delitos: homicidios, secuestros, violaciones, lesiones, extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y residencias. “Las denuncias se agrupan en el subíndice de denuncias de delitos contra las personas y subíndice de denuncias de delitos contra la propiedad” explicó el investigador del CIEN, Walter Menchú, encargado de elaborar el IDD y continuó “al 30 de septiembre lo que se puede observar es que en su conjunto, las denuncias se redujeron 2.2% pero el sub índice de denuncias de delitos contra la propiedad aumentó 0.6%”.
“En cuanto a la tasa de homicidios, para septiembre 2021, fue de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es también un alza leve respecto al mes anterior (15.8) y se contabilizaron 245 homicidios totales en el mes” comentó Menchú. Además, señaló que durante los primeros nueve meses de 2021 se registran 168 homicidios más, lo que equivale un aumento de 9% respecto al año anterior. De estos, 196 se localizan en el departamento de Guatemala.
“Es necesario que las autoridades implementen estrategias para combatir los homicidios en las áreas geográficas que muestran cambios preocupantes en la violencia homicida, especialmente en la ciudad capital y municipios de Villa Nueva y Mixco” recomendó Menchú y añadió que “los datos son clave para poder tomar decisiones de política pública que tengan un impacto positivo en mejorar la seguridad de todos los guatemaltecos”.
Respecto al delito de las extorsiones, Menchú compartió que “las denuncias en septiembre (1,157) se mantienen por sobre las mil mensuales, un nivel que se sobrepasó desde julio de este año, a lo cual debe ponerse atencion” y finalizó comentando que “la tasa interanual de denuncias por extorsión es 79.9 por cada 100 mil habitantes y es mayor a la registrada en enero que fue de 74.2. En el corto plazo, preocupan los altos números de denuncias de este delito en específico, especialmente en los últimos tres meses”.
#Presupuesto2022 con énfasis en Justicia Criminal
Guatemala, 21 de octubre de 2021. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el tema del mes Análisis del Presupuesto Propuesto para las Instituciones del Flujograma de la Justicia Criminal.
David Casasola, investigador del CIEN, comentó que las instituciones analizadas que participan en la Justicia Criminal fueron el Organismo Judicial -OJ, el Ministerio Público – MP, el Instituto de la Defensa Pública Penal – IDPP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses – INACIF, y el Ministerio de Gobernación – MINGOB por ser la entidad a cargo de la Policía Nacional Civil – PNC y el Sistema Penitenciario – SP. “Estas instituciones convergen en la impartición de la justicia penal en Guatemala” explicó Casasola “y a esto le llamamos el sistema de la Justicia Criminal.
Una manera de medir su eficiencia es a través del Flujograma de la Justicia Criminal, una herramienta que también permite calcular las eficiencias institucionales, identificar cuellos de botella y definir metas y planes de trabajo para mejorar la coordinación interinstitucional. Los resultados más recientes pueden encontrarse visitando el sitio www.justiciacriminal.gt”. “En el análisis realizado” indicó Casasola, “se encontró que el presupuesto propuesto para 2022 de estas instituciones asciende a Q. 12,274 millones y representa el 11.8% respecto al total del Proyecto de Presupuesto. Similar a la participación del Ministerio de Salud (11.5%) y menor a la del Ministerio de Educación (19.2%). Todas las instituciones analizadas en el Flujograma experimentarían un aumento de asignación, en parte por la disponibilidad creada para ejecutar dos préstamos aprobados en 2020: US$300 millones del BCIE para PNC, SP, OJ, INACIF e IDPP y US$60 millones para el MP del BID. Aunque es de notar que por primera vez la asignación propuesta para el MP superaría la propuesta para el OJ”.
Sin embargo, el análisis señala que las solicitudes de asignación de fondos se realizan de manera individualizada, sin considerar las necesidades que se puedan crear en otras instituciones. “En estos casos el Flujograma es una herramienta útil para visibilizar el impacto que tienen las acciones de cada institución sobre el desempeño del sistema. Asimismo, orienta la construcción
de metas de mejora atadas al uso de los recursos financieros” opinó Casasola y añadió que “dada la situación de las finanzas públicas, es importante identificar estrategias para que las instituciones mejoren su desempeño individual y en conjunto, sin depender de mayores asignaciones presupuestarias para lograrlo”.
La presentación del tema del mes concluyó con la recomendación que la Justicia Criminal debe funcionar como un sistema, en donde todas las partes tengan un rol específico en la generación de resultados. “Para ello, se recomienda desarrollar un plan estratégico interinstitucional que guíe la construcción de un presupuesto conjunto” puntualizó Casasola, y además recalcó “es importante impulsar el uso de la tecnología de manera que pueda hacerse más con los mismos recursos; varios esfuerzos arrancaron a raíz de la pandemia, por lo que habría que seguirlos impulsando”.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.
