¿Legislando la competencia? – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
10/05/2016

¿Legislando la competencia?

El problema con cualquier Ley de Competencia, sea la que promueve el Ministerio de Economía o la Sherman Act, de hace más de un siglo atrás en EE. UU., es una confusión conceptual profunda acerca de lo qué se entiende por “competencia”. Cuando este tipo de legislación plantea como principal objetivo el combate a determinadas estructuras de mercado o comportamientos anticompetitivos, generalmente se asume que la competencia es un fenómeno económico de fácil caracterización y medición; asumiendo, sin darse cuenta de ello, que la regulación de la competencia se puede ejercer con el mismo grado de control y certeza que la regulación de la velocidad de los automóviles en las carreteras. Nada más equivocado, los conceptos que generalmente se incluyen dentro de ese tipo de leyes no tienen una única interpretación económica y si la tienen es vaga o confusa.

En palabras de mi querido maestro H. Demsetz, profesor emérito de la Universidad en Los Ángeles, reconocido mundialmente por sus aportes en temas regulación económica y competencia, cuando se habla de este tema se hace referencia a una noción relacionada con el “esfuerzo que se realiza para mejorar los resultados que ya tienen otros; esfuerzos en términos de precio, cantidad, innovación, progreso técnico y cualquier otra dimensión de la infinitamente larga lista de actividades en las que incurren los empresarios” con tal de alcanzar o superar a sus competidores. Pretender reducir la noción de competencia a cuestiones relacionadas con el precio, la cantidad o el número de participantes en un mercado constituye una grave equivocación conceptual. La diversidad de márgenes en los cuales se manifiesta la competencia en un mercado nada tiene que ver con las sobre simplificaciones teóricas de modelos económicos casuísticos. Al final de cuentas, todo proceso competitivo en la realidad conlleva la búsqueda de nuevos márgenes en los cuales los productos y las empresas puedan diferenciarse de sus competidores para obtener ventajas.

Así como no existe en los mercados reales “un estado de cosas que pueda describirse como ‘perfectamente competitivo’, tampoco existe otro estado ‘perfectamente libre’ de elementos monopólicos”. Pretender regular este tipo de cuestiones por ley conlleva dificultades teóricas y prácticas muy difíciles, si no imposibles, de resolver. En todo caso, dada esta ambigüedad originaria y la limitación del análisis económico, “el interés público se sirve mejor en este tipo de leyes presumiendo la inocencia de los acusados mientras las cortes no encuentren una teoría generalmente aceptada y apropiada para cada caso o no encuentren suficiente evidencia para declarar culpable a los acusados”. Por más que decenas de abogados y economistas oportunistas digan lo contrario, el testimonio de cada uno de ellos no elimina la naturaleza especulativa de este tipo de legislación.

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